El acceso a los archivos de derechos humanos creados y gestionados desde las organizaciones de la sociedad civil

Verónica Torras

La conformación de los archivos de derechos humanos

En el contexto de la resistencia a la última dictadura militar, las organizaciones de derechos humanos argentinas investigaron, recibieron testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas, y fueron registrando las violaciones a los derechos humanos que acontecían, al mismo tiempo que pudieron reconstruir parcialmente la dimensión y los patrones de la maquinaria del terror estatal, frente al silencio y la negación por parte de las autoridades. En ese transcurso, constituyeron archivos que hoy son de consulta obligada.

Se trata de acervos que contienen documentación que data del momento mismo de la fundación de estas organizaciones –entre 1974 y 1978– y llega hasta la actualidad. Entre otros documentos, existe correspondencia que familiares de detenidos y desaparecidos enviaban a los organismos estatales en el tiempo de la búsqueda de sus familiares, documentación de gestiones –infructuosas, en su mayoría– ante entes oficiales, denuncias, documentos jurídicos, documentos internos de las organizaciones, listados de represores, documentos elaborados para la difusión pública, información sobre centros clandestinos de detención y sobre personas vistas en los mismos y correspondencia enviada y recibida con autoridades civiles, militares o eclesiásticas.

En el momento en que estos archivos se conformaron, el objetivo era recopilar información para uso inmediato: encontrar a las personas desaparecidas, comprender lo que estaba pasando. No se trataba de construir un archivo para la historia. La preocupación por lograr un archivo para la historia y la memoria comenzó más tarde cuando las organizaciones de derechos humanos argentinas cobraron conciencia de la importancia del acervo que habían producido. Así surgió, en 1999, Memoria Abierta, como una organización técnica especializada en reunir, preservar, organizar y ofrecer en consulta pública los archivos de las organizaciones de derechos humanos que la crearon,¹ así como otros fondos documentales de relevancia, al mismo tiempo que para producir nuevas fuentes que permitieran documentar lo ocurrido desde la perspectiva de las víctimas y construir una memoria social condenatoria del terrorismo de Estado.

Se trata de un trabajo en permanente expansión, que sigue teniendo como objetivo garantizar la preservación, sistematización y acceso de los documentos históricos de los organismos de derechos humanos, pero que con el tiempo ha incorporado nuevos archivos institucionales y personales, integrando múltiples soportes (fotográficos, audiovisuales, documentales, entre otros), ha producido un Archivo Oral único que contiene más de mil testimonios, y ha generado numerosas herramientas topográficas que permiten reconstruir el uso y funciones de los centros clandestinos de detención en el sistema represivo; todas acciones que procuran contribuir a una comprensión más acabada de nuestra historia reciente para un público nacional e internacional cada vez más amplio.

Los archivos que preserva, organiza y gestiona nuestra organización han sido incorporados al Programa de Registro de Memorias del Mundo de la UNESCO en 2007 con el apoyo del gobierno argentino, por lo que son actualmente Patrimonio de la Humanidad.

Los usos de los archivos de derechos humanos

Desde un primer momento, la prioridad del trabajo de Memoria Abierta, de acuerdo al mandato recibido de los organismos que la conformaron, estuvo puesto en la organización y sistematización de sus acervos, y en la producción de fuentes testimoniales que permitieran construir una narrativa documentada sobre el período, con el objetivo de aportar a las investigaciones judiciales pero también a la construcción de una narrativa colectiva y documentada sobre aquellos años.

En un contexto especialmente hostil y contra-hegemónico, el uso de estos archivos para la construcción de las memorias sobre el pasado y para la expansión del campo de la historia reciente aparecía como un objetivo estratégico. Las organizaciones decidieron tomar en sus manos el desafío de organizar y producir fuentes que ampliaran la perspectiva colectiva sobre lo ocurrido durante la dictadura, y preservaran el rol y las voces de las organizaciones de víctimas en relación con la denuncia, resistencia y demanda permanente de memoria, verdad y justica.

A lo largo de las últimas cuatro décadas se fueron consolidando diferentes usos de estos archivos. Entre los más significativos, podemos mencionar:

La reconstrucción del conocimiento sobre lo sucedido durante el terrorismo de Estado. Justamente porque la característica (ordinaria, y no extraordinaria) de los hechos represivos en nuestra región –y más específicamente en la Argentina– fue la clandestinidad, y porque las violaciones a los derechos humanos masivas y sistemáticas fueron negadas por los perpetradores.
El desarrollo de numerosas acciones de denuncia, individuales y colectivas permitió, por ejemplo, la confección y publicación de listas de víctimas, de listados de perpetradores, o la presentación de recursos legales de “habeas corpus”.
La denuncia internacional, por ejemplo la entrega de toda la información recolectada a organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos cuando realizó una visita de inspección a la Argentina en 1979, en plena dictadura.
La contribución de información decisiva para el trabajo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), que basó su investigación en la valiosa documentación recolectada por los organismos.
El aporte de prueba documental a las causas judiciales iniciadas en la década de 1980 –el emblemático Juicio a las Juntas y causas subsiguientes–, interrumpidas por veinte años a partir de las leyes de impunidad, obediencia debida e indultos, reabiertas en 2005, y que continúan su curso aún hoy.
El desarrollo de las políticas de reparaciones económicas a las víctimas.
La construcción de políticas e iniciativas de memoria y de reparación simbólica.
La consolidación de una narrativa social condenatoria del terrorismo de Estado que es ampliamente aceptada por la sociedad argentina y ha trascendido las generaciones y las fronteras nacionales.

Los desafíos en relación al acceso público

Desde su creación, Memoria Abierta ha tenido como pilar fundamental el reconocimiento de la importancia de la preservación documental de los archivos de los organismos de derechos humanos y ha trabajado para dar acceso a este acervo. Estos objetivos se vinculan con la posibilidad de habilitar la gestión cotidiana de los archivos por parte de las organizaciones y con la garantía de ofrecer este patrimonio como legado y fuente de conocimiento para las generaciones futuras. Luego de las tareas de identificación, ordenamiento, clasificación y descripción la digitalización resulta clave para garantizar la ampliación del acceso. Este es uno de los retos principales para las organizaciones hoy: cómo encarar y sostener en el tiempo los procesos de digitalización, de organización de lo nativo digital y de preservación digital a largo plazo, entre otras cosas para garantizar la accesibilidad web.

En este sentido, es importante destacar que el proceso de digitalización o almacenamiento digital es una etapa más del trabajo con la documentación. No hay almacenamiento digital posible si previamente esos documentos no fueron preservados, clasificados, descriptos, garantizando la preservación de su orden de procedencia y reconstruyendo sus contextos de producción. Es decir, para que los archivos puedan ser usados y disponibilizados, deben primero ser comprendidos, organizados y sistematizados. Las herramientas de la archivística resultan fundamentales para dar contexto y permitir la comprensión de los fondos y colecciones documentales gestionados.

Sin embargo, no basta con organizar y sistematizar. Es necesario avanzar con la digitalización, como la mayoría de las organizaciones de derechos humanos han hecho, pero además sostener los procesos de digitalización en el tiempo. Los costos de esta tarea son muy elevados, los tiempos que se requieren para avanzar son muy largos, hace falta contar con equipos y capacitar personas para llevar adelante este reto. Si a eso le sumamos la diversidad de soportes de estos archivos (audiovisuales, sonoros, fotográficos, etc.), la tarea se complejiza.

Además, para sostener en el tiempo una política de acceso basada en la digitalización es necesario mantener prácticas de preservación y guarda digital cuyos presupuestos son a veces inaccesibles para organizaciones de la sociedad civil. En efecto, ya sea con servidores propios o contratando servicios externos, mantener y escalar la capacidad de almacenamiento es muy costoso para este tipo de instituciones.

Por último, incluso el acceso público consolidado y sustentable en el tiempo es insuficiente, ya que para garantizar el máximo acceso posible también son necesarias estrategias proactivas. Memoria Abierta ha construido a lo largo de los años numerosas herramientas que ponen en valor sus archivos y ha propiciado articulaciones con áreas del Estado (Educación, Cultura, Derechos Humanos) para nutrir con su acervo programas permanentes, exhibiciones, museos, sitios de memoria e incluso el proceso de justicia.

En nuestro país, los archivos privados de interés público, como son los de los organismos de derechos humanos, no cuentan con un marco de protección y resguardo suficiente. Es necesario diseñar una política pública que permita acompañar y fortalecer estos esfuerzos de la sociedad civil desde las diferentes instancias del Estado involucradas en la materia, garantizando al mismo tiempo su sostenibilidad y autonomía.

El catálogo en línea de Memoria Abierta

El catálogo general en línea de Memoria Abierta concentra todas las herramientas de descripción disponibles. Actualmente, el catálogo ofrece acceso a 70.000 registros documentales y 31 fondos descriptos utilizando estándares internacionales (norma ISAD-G). Allí se puede consultar la ficha catalográfica de cada documento (que contiene sus datos básicos, una descripción temática a través del uso de palabras clave una breve síntesis del contenido y la referencia al lugar físico de consulta); y los correspondientes objetos digitales, en los casos que se han generado. Además, también están disponibles las fichas de descripciones generales de los fondos y colecciones, así como de las agrupaciones documentales que las integran (secciones y series).

Los organismos que integran Memoria Abierta están convencidos de que la ampliación y democratización del acceso al acervo producido sobre el período del terrorismo de Estado y las luchas por memoria, verdad y justicia son uno de los mayores legados para la consolidación de una memoria democrática orientada hacia el Nunca Más.

1. Visión estimulada por Nicholas Negroponte y el lanzamiento de su programa One Laptop Per Child en 2005.