Una mirada panorámica sobre las políticas públicas para el desarrollo de Internet en el país, con foco en el acceso a servicios de conectividad, debería comenzar por sus principales antecedentes. 

En este sentido, cabe recordar que a principios de la década de 1990 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) se transfirió a manos de dos consorcios liderados por compañías trasnacionales: Telefónica de Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A. Ambos consorcios se dividieron la prestación monopólica del servicio básico telefónico en las zonas sur y norte del país, accedieron a la distribución del servicio de larga distancia bajo el régimen de exclusividad en sus respectivas regiones y a los servicios de valor agregado abiertos a la competencia (entre ellos, el servicio de acceso a Internet). 

Entre otras medidas, a lo largo de aquella década se declaró de interés nacional el acceso de los habitantes a la red de redes y se encomendó a la Secretaría de Comunicaciones la elaboración de un plan estratégico para la expansión de Internet. Asimismo, se estableció que el servicio quedaba comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara el derecho a la libertad de expresión. También se promulgaron autorizaciones y resoluciones sobre tarifas de servicios de conexión por dial-up a través de la telefonía básica, y programas para la “Sociedad de la Información”.

En el año 2000, tras diez años de prestaciones en exclusividad, se desreguló el servicio básico telefónico y los servicios internacionales. Sin embargo, la estructura de mercado que quedó conformada durante aquellos años fue clave para impedir la entrada de nuevos oferentes al momento de liberalizar el sector. Así, se desarrolló un mercado de telecomunicaciones oligopólico, concentrado en pocos operadores.

Si bien la etapa de políticas de reforma pro-mercado de la década de 1990 permitió un incremento en los niveles de acceso a servicios básicos de telefonía, uno de sus legados más negativos fue el desequilibrio regional en materia de despliegue de infraestructura. Las inversiones del sector privado se concentraron principalmente en las zonas urbanas con mayores ingresos y fracasaron las medidas tendientes a mitigar estos efectos negativos: principalmente, las obligaciones para el tendido de redes por parte de los operadores y la implementación de programas financiados por el Fondo del Servicio Universal para expandir la conectividad en áreas de bajos recursos. De este modo, se acentuó la brecha en el acceso a servicios de telecomunicaciones entre zonas urbanas y rurales. 

Hacia fines de la primera década del siglo XXI se produjo un cambio en la forma de intervención del Estado en el sector de las telecomunicaciones: de un rol (des)regulador de la actividad privada, que procuraba corregir desequilibrios de mercado con fondos de servicio universal, el Estado pasó a implementar políticas caracterizadas por una fuerte inversión pública para el despliegue de infraestructura de conectividad. 

En el año 2010 se lanzó el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, que contemplaba diversas iniciativas con el fin de brindar condiciones de acceso igualitarias a las tecnologías de información y comunicación para todos los habitantes. Uno de los ejes principales del Plan consistió en el despliegue de una Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFO), cuya operación quedó en manos de ARSAT, empresa satelital privada de propiedad estatal creada en 2006. Entre los objetivos para el tendido de la ReFeFO se hallaba el de subsanar los desequilibrios regionales en materia de acceso a redes de alta capacidad de transmisión por medio del tendido de fibra óptica en zonas geográficas donde no llegaban los grandes operadores privados, a fin de dinamizar la provisión de servicios y promover la competencia en el tramo mayorista de la red. Se buscaba, particularmente, lograr una reducción de precios y una mejora en la calidad del servicio, junto con la promoción del rol de las cooperativas de servicios públicos y PyMEs locales. 

Conviene destacar que el tendido, ampliación, iluminación y comercialización de servicios de la ReFeFO ha sido una de las escasas políticas públicas con continuidad a lo largo de gobiernos de distinto signo político en estos 40 años de democracia.

Tras el lanzamiento del Plan Argentina Conectada, durante el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, entre 2010 y 2015 se realizó el 95% de la obra civil troncal de la red de fibra óptica (un despliegue inédito teniendo en cuenta el plazo), se iluminó el 25% (8.090 kilómetros) y se alcanzaron 500 nuevas localidades que antes carecían de infraestructura en la zona. 

En diciembre de 2015, tras la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, se produjo un cambio drástico en la forma de intervención del Estado en materia de medios de comunicación y TIC. Varios programas estatales enmarcados en políticas de conectividad más amplias –entre los que se hallaban el Plan Conectar Igualdad, que brindaba netbooks a estudiantes de secundaria de escuela pública, y el desarrollo de la Televisión Digital Abierta– fueron reducidos o desfinanciados. No obstante, el tendido de infraestructura de banda ancha exhibió continuidad, renombrado como “Plan Federal de Internet” en 2016. Si bien el presupuesto para transferencias del tesoro a ArSat se redujo en un 93% y el desarrollo de la ReFeFO fue financiado con fondos del Servicio Universal, en esta etapa se avanzó en la iluminación de las redes troncales, superando los 30.000 kilómetros y en la instalación de nodos de acceso en distintas localidades del país, llegando a 660 clientes (ISP) en servicio.

En diciembre de 2019 asumió como presidente de la Nación Alberto Fernández, cuya gestión estuvo signada por la pandemia a causa de la COVID-19. Las medidas de aislamiento preventivo y distanciamiento social obligatorio, dispuestas en marzo de 2020 para mitigar la expansión y contagio del virus, revelaron rápidamente las brechas y desigualdades que persistían para el acceso a servicios de TIC en la Argentina, como describimos en el apartado anterior. 

Si bien el gobierno reaccionó rápidamente a las mayores demandas de conectividad y promovió diversas iniciativas para facilitar la continuidad de los servicios de TIC en el contexto de pandemia, estas acciones configuraron una política pública reactiva y de orientación paliativa. Una segunda etapa se inició a fines de agosto de 2020, cuando se procuró regular los servicios de TIC como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, y establecer mayores potestades regulatorias para la fijación de precios (DNU N°690/2020). Sin embargo, esta medida –promulgada por decreto y sin el acuerdo del sector privado– condujo a una inmediata confrontación con las principales empresas del sector, que iniciaron juicios contra el Estado que tornaron inviable, en los hechos, la efectiva regulación de las TIC como servicios públicos. 

Por otro lado, se pusieron en marcha diversos programas para cubrir las necesidades de conexión de zonas vulnerables e instituciones educativas, y se relanzó el Programa Conectar Igualdad en 2022. Asimismo, en el marco del Plan Nacional de Conectividad “Conectar” se planificó un incremento de la infraestructura y de la capacidad operativa de la Red Federal de Fibra Óptica. Entre diciembre de 2019 y mayo de 2022 se avanzó con la actualización tecnológica de la red troncal y se sumaron 363 nuevos clientes (ISP) en servicio. Al cierre de este artículo, la ReFeFO contaba con un total de 32.585 kilómetros de fibra iluminada y 1.118 localidades conectadas, con llegada a menos del 50% de la población argentina. 

En síntesis, se destaca la continuidad –a lo largo de diferentes gobiernos democráticos– de una política pública que ha tenido en cuenta la relevancia del acceso a Internet como motor de desarrollo y de inclusión social, y que ha procurado articular inversión estatal en el despliegue de infraestructura de red con la prestación de servicios de última milla por parte del sector privado. 

Lamentablemente, cabe señalar que varias de las metas iniciales previstas para la construcción de la Red Federal de Fibra Óptica en 2010 no han sido logradas ni siquiera en 2023, al cumplirse 40 años de democracia. Entre ellas, la proyección de alcanzar al 97% de la población argentina y el objetivo de conectar el 100% de las escuelas públicas del país. Se trata de dos deudas pendientes que, en caso de no ser saldadas, se tornarán cada vez más críticas para lograr una verdadera inclusión digital. 

En estas cuatro décadas de democracia ni el mercado ni el Estado han podido cerrar las distintas brechas digitales que aún persisten a lo largo y ancho del país. Las desigualdades se manifiestan no solo en términos de las diferencias en el acceso material a redes y equipamiento informático, sino también en las distintas tecnologías utilizadas, en la disparidad de las velocidades de conexión, en los dispositivos y soportes de conectividad, en los niveles de alfabetización digital, en las habilidades y motivaciones a partir de las cuales los usuarios hacen uso de estas tecnologías, y en las consecuencias que estas diferencias conllevan para el desarrollo social, cultural y educativo de las personas. 

En este sentido, resulta primordial lograr un acceso universal a Internet en condiciones asequibles, equitativas y de calidad, con el objetivo de disminuir las desigualdades sociales y garantizar el ejercicio de toda una serie de derechos que hoy ya no son posibles sin conectividad.