No faltan investigaciones respecto de este problema que sobra. Es el caso, por ejemplo, de las muchas formas de violencia digital experimentadas en la Argentina por las mujeres que osan expresarse públicamente en redes sociales, especialmente por las periodistas, las funcionarias públicas, las candidatas políticas, las artistas y las activistas feministas que por sus posiciones y profesiones tienen un potencial poder multiplicador. Sabemos de los insultos, las descalificaciones y las amenazas que enfrentan. De las agresiones con connotaciones sexuales y los dichos sexistas que se les destinan. De las menciones que cuestionan su capacidad intelectual y los comentarios denigrantes sobre su apariencia física que deben digerir. Hemos aprendido a identificar ataques coordinados por parte de bots y troles misóginos. Antes de que en 2022 cambiara de dueño mucho se dijo –y algo se intentó hacer– acerca de Twitter como paradigma de las plataformas que propician estas formas de violencia. 

En ausencia de políticas públicas y acuerdos intersectoriales para terminar con las hostilidades en línea, muchas mujeres, forzadas a defenderse de los ataques mediante tácticas individuales, terminan optando por limitar su participación: minimizan sus expresiones y resignan así protagonismo, o directamente se retiran de las redes. Deben lidiar con una trampa. Mientras que la expansión de los feminismos y la digitalización in crescendo de la vida cotidiana estimularon la expresión pública vía redes, las mujeres experimentamos ataques y castigos si y cuando las usamos para expresarnos. Ese doblez nos lleva a considerar el silencio como solución, pero silenciarnos implica denegarnos la posibilidad de una ciudadanía plena que incluya el derecho a la comunicación como instrumento para la búsqueda en común de soluciones. 

La tensión entre expresión y silencio mediada por las violencias digitales contra las mujeres no es el único problema que interfiere con el uso de Internet como espacio de posibilidad democrática. Los problemas varían según escalas de injusticia. ¿Qué quiero decir con esto? En general, las mujeres tenemos en común la desigualdad con los varones. Pero las características de esa desigualdad difieren según qué posiciones ocupemos en la estructura social, que por ende afecta a diferentes mujeres de maneras distintas, y a algunas más que a otras. La pandemia por COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020 y administrada en la Argentina mediante políticas de aislamiento y distanciamiento social, entre otras medidas, dejó al desnudo que la digitalización acelerada de la vida cotidiana fue especialmente cruel con las mujeres que no pueden afrontar el costo del acceso regular a Internet y a los dispositivos necesarios para conectarse. Aunque faltan datos sistemáticos sobre la brecha de género digital, esta fue evidente durante la pandemia. El impacto de la falta de conectividad de calidad sobre las mujeres de sectores populares fue tal que un organismo regional se vio compelido a llamar a los gobiernos de América Latina a crear una “canasta básica digital” para mitigarlo a futuro. El organismo admitió tácitamente, con su metáfora, que, así como no se puede vivir sin cubrir las necesidades alimentarias, tampoco se puede sobrevivir hoy sin Internet.