Las telecomunicaciones en el Valle de Amblayo

Redes de conectividad comunitaria

Arnaldo Rodrigo Cuevas

¿Cómo es la vida en el campo profundo? Podemos vivir bien, produciendo agroecológicamente y consumiendo nuestros alimentos, recolectamos leche de cabra para la elaboración de quesos, sembramos y cosechamos papas, habas, arvejas, zapallos, choclos, zanahorias… 

Todas estas actividades, sobre todo el manejo de las cabras, son cotidianas; sin embargo, existen otras tareas más bien estacionales, como la artesanía en lana y cueros.

Vivo en la localidad de Amblayo, departamento San Carlos, provincia de Salta, mi casa está en el paraje Las Juntas, aproximadamente a 150 kilómetros de la ciudad de Salta. Desde ahí se accede por la ruta nacional N° 68 hasta la localidad de El carril, se continúa por la ruta provincial N° 33, que nos lleva en su recorrido ascendente a través de la majestuosa Cuesta del Obispo, elevándose a una altura de 3.348 metros sobre el nivel del mar. Continuamos por la ruta provincial N° 33, y más adelante debemos descender una empinada cuesta llamada Potrerillos. Para poder llegar hasta nuestra localidad es necesario tener movilidad propia, ya que no contamos con servicio de transporte público; el más cercano nos deja a 40 kilómetros. 

Somos agricultores familiares y estamos organizados jurídicamente como Centro Vecinal La Junta desde hace aproximadamente 22 años. La idea surgió con el fin de trabajar en comunidad, mejorar nuestra calidad de vida, gestionando proyectos que nos permitieron a lo largo del tiempo acceder a canalizar el agua, mejorar los sistemas de riego y la construcción de baños y salas adecuadas para la elaboración de quesos; no menos importante ha sido el mejoramiento de genética en los animales, ensilados de forrajes o la adquisición de maquinaria comunitaria.

A lo largo de estos años hemos interactuado con diferentes organismos estatales: Secretaría de Agricultura Familiar, actualmente Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), Administración de Parques Nacionales (APN), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Universidad Nacional de Salta (UNSa). Hemos recibido financiamiento y capacitaciones, mediante proyectos diversos, para el mejoramiento de la producción, fondos para entrega de microcréditos, adquisición de maquinaria y herramientas de labranza, construcción de salas queseras familiares piloto, construcción y equipamiento de sede social. 

Generalmente no contamos con todos los servicios que cubran las necesidades básicas. Eso ha forzado a muchos de nuestros familiares a salir del campo, en busca de completar sus estudios o conseguir trabajos fijos. 

La reciente pandemia provocó que nuestros familiares no pudieran visitarnos y que los estudiantes tuvieran que cursar virtualmente. Por otra parte, la necesidad de interactuar con potenciales clientes que demandan nuestros productos ha hecho de las telecomunicaciones una herramienta imprescindible para nosotros y para cada rinconcito alejado del país.

Hasta no hace mucho, la única vía de comunicación con nuestras familias era a través de una cabina telefónica, debíamos trasladarnos hasta el pueblo, o esperar algún mensaje por las radios AM, que funcionaban a pilas.

Hace unos años, un compañero compró una antena Yagi, un celular Tango 300 de Motorola y una batería de auto que cuando se agotaba debía llevarla a recargar a Salta capital, distante a 150 kilómetros. Durante un tiempo fue posible comunicarnos mediante ese celular con tecnología análoga, pero llegó el cambio de tecnología a GSM, y el aparato quedó obsoleto.

Sabemos que para comunicarnos necesitamos energía eléctrica, pero en el Valle de Amblayo solo el pueblo cuenta desde 2007 con una usina eléctrica alimentada con gasoil; hasta el año 2012 los parajes y puestos no contaban con energía eléctrica; nos llevó diez años gestionar y lograr la instalación de paneles fotovoltaicos.

Diez años es mucho tiempo esperando e insistiendo, pienso en las muchas comunidades de Salta y de todo el país que aún no han podido acceder a la electricidad, y todavía se iluminan con velas, mecheros a combustible, lámparas a gas, o dependen de un grupo electrógeno. No es algo deseable. 

La llegada de la electricidad nos mejoró la vida y también sumó un medio más de información y entretenimiento: la televisión satelital. Para que funcionaran los televisores y decodificadores fue necesaria la adquisición de inversores de corriente, que transformaran la corriente directa de las baterías en corriente continua. Y entonces al menos ya podíamos cargar los celulares; aunque no teníamos conectividad, nos servía para entretenernos.

La instalación de los equipos fotovoltaicos fue costeada por el PERMER (Programa de Energías Renovables en Mercados Rurales), gestionado por la Secretaría de Energía de la Nación en articulación con el gobierno de la provincia de Salta.

A la vez que tuvimos el acceso a esta fuente de energía autónoma, nos íbamos a los cerros a buscar señal para comunicarnos. Entre ir y volver tardábamos cuatro horas.

Con el avance de la eficiencia energética ha sido posible hacer funcionar con inversores de corriente heladeras y lavarropas, y estamos probando un frízer de bajo consumo. Sería ideal que el Estado brinde políticas públicas y programas para el acceso de electrodomésticos de bajo consumo en las viviendas rurales.

A fines del año 2013 se instaló una antena de telefonía celular en el Parque Nacional Los Cardones, distante a 35 kilómetros, la cual nos permitió tener 2G en lugares elevados o sobre el techo de las casas. Fue un cambio significativo que nos permitió contar con Internet de reducida velocidad, al menos podíamos compartir contenido multimedia.

Fue justo en ese momento que la antena Yagi volvió a ser usada; al ser la radiofrecuencia compatible se le agregó un pequeño repetidor de señal de celulares, lo cual generó una pequeña zona de cobertura interna en las casas y dejamos de subir al techo o a las lomas, y de sufrir el frío y el viento.

En el año 2017 nos integramos a una red de organizaciones que otorga microcréditos a emprendedores, financiada por la CONAMI (Comisión Nacional de Microcréditos) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Todas las operaciones son cargadas en una plataforma on line. Nosotros solo podíamos cargar cosas puntuales con el 2G, y si eran muchos datos, debíamos viajar a Salta capital.

En el mes de julio de 2018 una empresa privada instaló antenas con radioenlaces en la parte sur del valle y por primera vez el pueblo empezó a tener un punto de wifi libre pagado por el municipio de San Carlos; también la empresa tuvo sus primeros clientes particulares.

Ese mismo año fuimos invitados por la mesa de comunicación popular de Salta y Jujuy a participar de un encuentro sobre comunicación y conectividad en la ruralidad. Ahí conocimos a los compañeros de Altermundi, y fue la primera vez que escuché hablar de redes comunitarias de Internet. Nos visitaron en nuestra sede social en el paraje Río Salado y les mostramos cómo hacíamos para comunicarnos, fabricando antenas Yagi, reciclando antenas de televisión.

En ese momento solo se contaba con Internet mediante enlaces de wifi en el pueblo. El paraje Río Salado, donde se encuentra nuestra organización, aún no contaba con Internet, por lo cual sonaba inviable tener una red comunitaria. En diciembre se logró la instalación de un nodo de Internet libre y gratuito para los vecinos del paraje, con dos rúters externos que brindan Internet a la comunidad y a los transeúntes, ya que el nodo está al costado de la ruta.

La instalación y pago del servicio fue costeado por el Municipio de San Carlos. En el mes de marzo de 2019 se produjo otro cambio en el Ejecutivo municipal, y esto implicó la interrupción del servicio debido a la decisión de no continuar pagando el mismo. 

En 2019 se celebraron las elecciones generales en Salta, con lo cual el espacio político que posteriormente ganó las elecciones en el municipio restableció el servicio. Un mes después de haber asumido, sin comunicación previa se volvió a suspender el servicio, y al ser consultada, la empresa adujo que el Ejecutivo ordenó la suspensión del servicio por diferencias políticas.

El servicio de telecomunicaciones, particularmente Internet, se convierte en moneda de cambio del clientelismo político, sin tener en cuenta que es una necesidad y un derecho.

La localidad de Amblayo no cuenta con municipio propio, existe la figura del delegado municipal. Somos una localidad con un acceso notoriamente dificultoso, tanto por la falta de transporte público como por las rutas que no siempre se encuentran en las mejores condiciones para transitar, aunque últimamente se empezó a hablar de un proyecto que vincularía, mediante una ruta nueva, nuestro valle con la localidad de San Carlos o la localidad de La Viña.

Ante la suspensión reiterada del servicio de Internet, la comunidad decidió hacerse cargo del pago del servicio, previo haber realizado los reclamos pertinentes mediante nota al Ejecutivo municipal. Fue entonces que casi sin darnos cuenta empezó a funcionar una red comunitaria de Internet, llamada “Comunidad Río Salado”.

El rango de cobertura seguía siendo acotado; posteriormente se decretó el ASPO a raíz de la pandemia por COVID-19, y nuestra oficina trató de permanecer abierta para la atención de nuestra comunidad, tanto para inscripción del IFE o para imprimir los diferentes certificados de circulación por actividades esenciales.

Luego, desde la mesa de comunicación popular de Salta y Jujuy nos ofrecieron ser parte de un proyecto sobre redes comunitarias de Internet, y empezamos a realizar la planificación y mapeo en el paraje Río Salado y otros aledaños. 

Participamos de talleres virtuales para capacitarnos en el montaje y funcionamiento de los libre rúters, todo siempre con el apoyo de Altermundi. Posteriormente se recibieron los equipos con los protocolos establecidos por la pandemia, aunque en nuestra localidad no se conocían hasta ese momento casos positivos de COVID-19. 

Llegó el día de realizar el montaje del primer nodo en la sede social, nos reunimos y empezamos a ensamblar los equipos, con el aporte de herramientas por parte del proyecto y también de compañeras y compañeros. Contamos con una torre improvisada donde se montaron los equipos de recepción y distribución de Internet. Así, una noche de agosto se iluminaron las luces del primer libre rúter instalado. Todo el sistema se alimenta con energía almacenada en batería de 12 voltios, mediante sistema fotovoltaico.

En los siguientes dos meses se instalaron tres nodos más en las casas de los otros vecinos, también se hicieron pruebas para realizar enlaces más lejanos con antenas tipo plato, pero eso aún no se pudo concretar. Las redes comunitarias de Internet pueden ser la solución a la falta de conectividad en comunidades rurales, ya que los proveedores del servicio generalmente dicen que no les es rentable invertir allí, y en caso de ya haber instalado el servicio, cuando existe un problema técnico, ya sea de configuraciones o mantenimiento, demoran mucho tiempo en solucionarlo.

Si la comunidad organizada consigue la licencia VARC (Valor Agregado Redes Comunitarias), otorgada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), estará en condiciones legales de brindar el acceso a Internet. No obstante, muchas de las redes se formaron antes de que se reglamentara esta figura jurídica.

En abril de 2021, en Semana Santa, se realizó la primera edición de la feria de producciones andinas “Amblayo Vivo”, con venta y exposición de nuestras producciones, sumamente exitosa para nosotros por la gran convocatoria de visitantes. También pudimos coordinar operativos de atención de ANSES y SENASA, durante los cuales los pobladores pudieron realizar sus trámites sin la necesidad de viajar a los centros de atención. Todo esto no hubiera sido posible sin Internet.

Casi en simultáneo empecé la diplomatura on line de promotores y promotoras de telecomunicaciones en comunidades indígenas de Latinoamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Asociación Civil (REDES.AC), que tiene un cupo de 50 participantes para América Latina; fui alumno de la segunda generación.

Pude conocer las distintas experiencias de telecomunicaciones comunitarias en diversos países de nuestro continente. Fue muy enriquecedor, ya que pude afianzar conocimientos técnicos y reafirmar el sentido de pertenencia comunitaria, con docentes e idóneos en el quehacer comunitario de las telecomunicaciones, así como asesorar a otras comunidades acerca de la instalación y configuración de libre rúters.

En noviembre de 2022 participé del campamento presencial de promotores de telecomunicaciones en comunidades indígenas, en la localidad de Fusagasugá, en la Universidad de Cundinamarca, en Colombia. Participaron 63 personas de 13 países de América Latina (muchas de esas personas aún conservan el uso de su lengua nativa) y allí se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en el curso virtual. Visitamos la red comunitaria “San Pablo libre”, donde se realizó la instalación de un panel fotovoltaico, y talleres de redes inalámbricas, HF, radio en vivo transmitida por streaming y redes sociales.

Unos días después de volver de Colombia, al regresar a mi valle, me encontré con la novedad de que la antena de telefonía celular del Parque Nacional Los Cardones había empezado a emitir en 4G: mientras veníamos viajando por la ruta pudimos ver on line el partido del mundial de Argentina y Polonia.

Precisamente donde está la garita para refugiarnos cuando esperamos el colectivo que pasa a 45 kilómetros de donde vivimos recordé las veces que caminé por esa ruta para llegar a tiempo de alcanzar ese transporte, o esa vez que llegué cuando anochecía, hice dedo sin éxito y tuve que dormir ahí mismo, sin tener ningún medio de comunicación disponible para avisar.

El 4G tiene una cobertura amplia pero limitada por los obstáculos topográficos. Hoy la red comunitaria está funcionando, con la limitación de la escasez de megas, ya que la cantidad de usuarios en toda la localidad ha aumentado y la red siempre contó con cinco megas dedicados. 

Aun no contamos con la licencia VARC, ya que la pandemia ha retrasado algunas cuestiones administrativas, y esperamos lo más pronto posible poder tramitar esta licencia para poder aplicar a programas específicos para redes comunitarias.

También se ponderó la posibilidad de conectar la red a 4G, después de evaluar los consumos de megas de cada familia. Mejoraría la velocidad de Internet pero se encarecería el servicio; otra posibilidad es conectar la red a Internet satelital de alta velocidad, en base a recomendaciones de experiencias en otros países de América Latina donde ya se encuentra disponible este servicio. El montaje no es difícil, pero los costos son imprevisibles.

Es de vital importancia que los Estados garanticen el acceso universal del conjunto de la población rural a dispositivos para las telecomunicaciones como celulares, tablets, notebooks o kits satelitales para el acceso de televisión digital abierta, siempre y cuando ya las localidades cuenten con electricidad.

Cuando se cumplen 40 años de democracia en nuestro país aún falta mucho por hacer para el acceso a las telecomunicaciones y otras necesidades en las zonas rurales habitadas por pueblos originarios y campesinos. Es una deuda a saldar con políticas públicas específicas que permitan la capacitación a promotores técnicos idóneos en telecomunicaciones, financiamiento para la compra de equipos –si bien existen hoy programas como el Roberto Arias, el proceso de formulación no termina de ser simple para las comunidades– y capacitaciones para la obtención de las licencias correspondientes.

Cuando se impulsen estas políticas públicas es necesario que se tenga en cuenta la opinión de las comunidades. Somos quienes realmente conocemos el contexto y las particularidades de cada lugar. Soy un convencido de que cuanta más participación se nos dé en la discusión, más pronto lograremos ir rompiendo las desigualdades existentes. 

NIC Argentina
Secretaría Legal y Técnica
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