Más cooperativismo para un acceso igualitario a los derechos digitales

José Néstor Lino

En todo el mundo, los gobiernos y ciudadanos están haciendo frente a una serie de problemas profundos y desafiantes que la pandemia por COVID-19 exacerbó, pero que son previos y que en la Argentina son, además, contemporáneos a las cuatro décadas de vida democrática. Estos incluyen una gran desigualdad, aumento de la pobreza estructural, instituciones comunitarias debilitadas, pequeños pueblos y ciudades que han quedado marginados de las políticas públicas y, como fenómeno transversal a todas esas dinámicas, una creciente concentración económica en múltiples sectores, entre ellos el de las comunicaciones convergentes.

Este año se celebran nuevas elecciones, ejercitando la democracia que cumple su 40 aniversario. Sería deseable que los diferentes partidos políticos den pautas de cómo encarar un fenómeno en el cual las comunicaciones muestran una transformación que impacta en el conjunto de los procesos productivos, sociales y culturales del país. En este escenario, desde la integración de cooperativas COLSECOR (Cooperativa de Provisión y Comercializacion de Servicios Comunitarios de Radiodifusión) reflexionamos sobre dos ejes que entendemos centrales: la federalización de la conectividad y la necesidad de rediseñar el modelo productivo social en el contexto de la economía digital.

Desde dónde partimos

Si hay un rasgo que caracteriza a esta época, además del aumento de las desigualdades estructurales que mencionamos al principio, es la actual transformación del ecosistema de las comunicaciones, en parte por la incidencia de las grandes plataformas digitales, sus modelos de negocios y la propiedad de sus algoritmos. Es decir, estamos transitando lo que algunos analistas e investigadores han designado como “capitalismo de plataformas” o “plataformización digital” de la economía y las relaciones sociales, centrado, en su punto más polémico, en la extracción y el uso de un tipo de materia prima: los datos, cuya fuente natural son las actividades de los usuarios y usuarias. Hablar de plataformas no es hablar de algunas nuevas empresas, es hablar de un nuevo formato empresarial que impone nuevas reglas y que amplía cada vez más su radio de acción.

Este escenario, que transforma las comunicaciones personales y el acceso a la información masiva de interés público tal y como se entendían en 1983, hoy nos obliga a pensar en los derechos de los y las ciudadanas de a pie y en qué lugar de ese ecosistema se sitúa la economía cooperativa, la economía solidaria. En ese sentido, en COLSECOR entendemos que hay cuatro generaciones de derechos.

Los derechos de primera generación son aquellos que aluden a la libertad y a la participación en la vida política; los de segunda generación, aquellos que tratan de la plenitud en la vida económica, social y cultural; los derechos de tercera generación son aquellos entendidos como “de solidaridad” y requieren de cooperación mundial o regional; los derechos de cuarta generación, aquellos que involucran la agenda del desarrollo tecnológico, el acceso digital y la protección de las garantías personales. Estos derechos de cuarta generación, o derechos digitales, aluden específicamente a las conexiones de red, acceso a contenidos significativos en Internet, reducción de brechas en habilidades, oportunidades de uso, protección de datos personales, seguridad y privacidad en entornos virtuales, competencia en economías con efectos de red, entre ellos.

El proceso de definición, reconocimiento y regulación de los derechos de cuarta generación está en pleno curso e involucra intereses, demandas y propuestas de actores políticos, económicos y culturales diversos. La novedad de estos derechos “digitales” plantea el desafío extra de traducir y recrear las distintas generaciones de derechos precedentes (analógicos) a los entornos digitales, en clave solidaria y cooperativa. Pero ello no ocurrirá naturalmente sin políticas públicas acordes. El Estado, como garante de los mencionados derechos, tiene la responsabilidad de activar un conjunto de acciones para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en la “sociedad de la información”, en un país con fuertes fracturas sociales, económicas, geográficas y culturales.

Además del Estado y el gobierno, en el proceso de definición de políticas públicas participan distintos actores con desigual capacidad, entre los que se encuentran los partidos políticos, el sector empresarial, las organizaciones sociales y la ciudadanía. La elaboración de políticas está determinada por el conflicto de intereses entre estos actores y, en el campo de la comunicación, interactúan permanentemente con los desarrollos económico y tecnológico que son cada vez más inestables y dinámicos. En COLSECOR tenemos un posicionamiento claro en ese aspecto: el Estado y las distintas fuerzas políticas deben comprometerse con el valor estratégico que tienen las comunicaciones para el bienestar social, el crecimiento cultural, el desarrollo económico (y equitativo) y la cohesión territorial. En suma, en cuestiones de economía social, acceso a los recursos de la cultura y servicios de conectividad, no existe la opción de la “no política”. En sí misma, la eventual falta de definiciones y opciones es ya una decisión y esa decisión (es) política.

Somos conscientes de que la regulación de Internet se encuentra en una fase emergente en la cual se aprecian diversas dificultades para la consolidación de marcos normativos, entre las que se destacan la tensión entre los actores globales y nacionales, los medios tradicionales, las telecomunicaciones y las plataformas de Internet. Problemas como una excesiva concentración de la propiedad, la promoción de la diversidad, y la protección de la libertad de expresión aparecen como temas secundarios en una agenda política que es mayoritariamente impulsada por grandes jugadores comerciales. Por ende, el Estado Nacional debe atender esas diferentes escalas con especial acento en los eslabones más vulnerables para evitar la reproducción de brechas sociales, económicas y geográficas en el ecosistema de comunicaciones digitales.

Modelos productivos. El camino (es) la economía solidaria

Cuando hablamos de cooperativismo hacemos referencia a salir de la lógica comercial de producción de bienes y servicios. Las cooperativas ofrecen respuestas a la desigualdad social y también, en particular, en el acceso a los derechos de la ciudadanía. Al mismo tiempo, se adecúan a las necesidades reales de las personas al incluir a la comunidad como parte de su proyecto económico y social, mientras que el crecimiento es destinado de forma comunitaria para alcanzar fines que son debatidos por todos sus integrantes. En ese sentido, forman parte de la llamada “economía solidaria”.

Además, las cooperativas han sido y son un espacio que dinamiza la producción en las sucesivas crisis y recesiones que ha sufrido nuestro país, en parte por su directa vinculación con los intereses directos de la comunidad. Y en parte, también, porque al no perseguir el lucro como lógica de funcionamiento, el cooperativismo reinvierte todo el fruto de la circulación económica de sus productos y servicios en capital productivo. Eso implica anteponer el interés general, facilitar el encuentro en pos del interés común, por sobre los intereses particulares. En definitiva, poner a las personas en el centro.

Teniendo siempre presentes esas funciones y valores del coope-rativismo y el contexto complejo y desafiante de la actualidad, desde COLSECOR consideramos la necesidad de un rediseño del modelo productivo en el contexto de la economía digital. La pandemia por COVID-19 y las medidas de aislamiento social han puesto en el centro de la escena las actividades remotas. Y como punto a destacar, observamos una oportunidad en el régimen legal del teletrabajo (ley 27.555 y decreto 21/2021 con la reglamentación). La norma genera un potencial para articular las necesidades heterogéneas de los distintos territorios del país con una malla productiva integrada y en equilibrio.

La perspectiva abierta con el teletrabajo podría permitir al productor o prestador federalizar sus procesos de producción y localizar las mejores capacidades para desarrollar sus procesos, contratando empleadas y empleados, insumos y servicios en distintos lugares de la vasta geografía argentina, siendo así el teletrabajo una condición de expansión para las empresas y organizaciones estatales, pero especialmente para las cooperativas que tienen anclaje con lo local desde antaño. El teletrabajo puede crear redes y sinergias productivas entre distintas regiones en función de sus especializaciones productivas. Eso sí, para todo ello es necesario que existan servicios de articulación y conectividad adecuados, atentos a la escala y necesidades de la geografía y la sociodemografía de nuestro país y, como en toda normativa, que su reglamentación sea clara y transparente.

Territorios. Federalizar (es) digitalizar

La Argentina es un país singular en la región por su extensión geográfica y su concentración demográfica. Ello implica tener en cuenta que hay rasgos peculiares que demandan atención: amplitud, diversidades y asimetrías. En ese sentido, si se quiere superar la instancia discursiva sobre la federalización de la conectividad resulta imperioso torcer una de las características históricas de las políticas públicas nacionales: su centralismo y discrecionalidad, que alimentan aún más un mapa de territorios con desigualdades económicas y sociales.

Cada vez que el sector privado o estatal no pudo o no quiso, fueron las cooperativas las que conectaron pueblos y ciudades y lo han hecho silenciosamente y con resultados exitosos, en términos de inclusión social, cobertura, participación social y servicios de alta calidad. En general, las cooperativas que operan en zonas comercialmente menos atractivas lo hacen a precios inferiores y con un tipo de tecnología superior a la del prestador dominante a nivel nacional, a pesar de no ser el receptor prioritario en las acciones del Estado, por ejemplo, con la asignación del espectro radioeléctrico o de licencias para brindar servicios de telecomunicaciones. Se trata de un mecanismo que, más allá de los gobiernos, ha sido muy discrecional y en desmedro de las organizaciones cooperativas y comunitarias. Desconocer esa histórica discriminación que ha determinado el tipo de conformación estructural de las comunicaciones en el presente sería un grosero error que marginaría aún más al sector cooperativo.

Desde la integración de cooperativas COLSECOR aportamos redes de conexión y comunicaciones en 21 provincias argentinas. Pero no solo construimos infraestructura, también tenemos presencia en dos dimensiones esenciales de la organización productiva y económica: la creación de empleo y el valor local y regional. Así, a través de su Fundación, están en marcha diferentes programas de relevamiento comunitario, con diferentes objetivos: 1) que cada comunidad cuente con datos actualizados sobre su infraestructura económica, salud, educación, deportes, cultura y sobre el tercer sector, que luego serán la base de proyectos que fomenten el desarrollo local (Relevamiento Social Comunitario); 2) visibilizar la realidad de pueblos y localidades que en general no forman parte de los operativos estadísticos a nivel nacional, sobre todo por su densidad de población y dispersión en el territorio (Reportes Mensuales de Precios), 3) indagar sobre un conjunto de indicadores de bienestar en la vida cotidiana (Encuesta de Calidad de Vida en Pueblos y Ciudades).

Las políticas públicas tienen que servir para estimular las dinámicas federales de la estructuración de la economía en sus diferentes territorios y escalas, nuestro aporte a la generación de políticas inclusivas tiene en el ámbito de las comunicaciones un espacio privilegiado. Diversificar y corregir los desequilibrios entre grandes y pequeños actores de la economía es parte de un horizonte de desarrollo necesario para la Argentina.

De ese modo, si lo que se busca es federalizar la conectividad para que la democracia vigorice la participación de todas las regiones y localidades del país, desde COLSECOR destacamos algunos ejes como estratégicos:

Eliminar barreras para los actores de la economía social que les permitan acceder a condiciones justas. Ello permitirá potenciar la conectividad comunitaria con un criterio solidario e inclusivo.
Fomentar políticas públicas que incluyan estrategias y acciones de aprovechamiento cooperativo de los beneficios enmarcados en la Ley de Economía del Conocimiento.
Impulsar políticas públicas de conectividad que reconozcan la especificidad cooperativa en materia de promoción, de acceso a financiamiento y de impuestos y contribuciones.
Corregir la concentración excesiva y desequilibrios territoriales para habilitar así un entorno de mayor concurrencia, moderación de abusos de posición dominante y mejora en precios y servicios.
Realizar un seguimiento de la evolución del sector cooperativo y de las políticas públicas en términos comparativos con otros países, y fomentar las alianzas.
Animar la perspectiva de desarrollo, acceso y cobertura de tecnologías, redes y servicios 5G, teniendo en cuenta el mapa sociodemográfico que caracteriza a nuestro país, con la economía social como protagonista.

Los 40 años de democracia son un buen momento para enhebrar políticas públicas que tiendan a equilibrar las asimetrías persistentes de nuestro país; el cooperativismo siempre fue una herramienta importante para disminuir esas brechas. No permitamos que sea una vez más la intermediación mercantil la que logre generar nuevos negocios anulando la cooperación.

En un país donde la centralidad geográfica, política y económica es una marca estructural, y las crisis y recesiones se repiten, cobra mayor importancia el rol del sector cooperativo al privilegiar la inclusión como valor esencial de sus productos y servicios.